A menudo se habla y se escribe sobre los supuestos abusos que se someten desde el poder, ya sea militar o de la Inteligencia estadounidense. Casi nunca los medios de comunicación o los blogs informan objetivamente acerca de esto, pero tampoco sobre las iniciativas que persiguen proteger a los ciudadanos de todo el mundo y garantizar sus libertades y oportunidades, y eso que las hay.
Desde ahora las agencias de inteligencia estadounidenses deberán incluir en sus informes y estimaciones los escenarios y posibilidades de que se comentan asesinatos en masa o represión de ciudadanos que luchan por la libertad. Es un procedimiento pionero para hacer frente a quienes usan las denominadas “pistolas digitales”.

Como ha recordado oportunamente el presidente Obama al anunciar su orden ejecutiva, que le permitirá sancionar a aquellos regímenes de países que bloqueen el acceso a Internet a sus ciudadanos o usen la tecnología para llevar a cabo abusos de los Derechos Humanos,»la soberanía nacional nunca es una licencia para asesinar a tu pueblo». Con la aprobación de la misma, se generarán las sanciones oportunas contra aquellos países que usen la tecnología para monitorizar, ubicar y atacar a los ciudadanos. La razón es que las tecnologías empleadas, que además son casi todas norteamericanas, deben responder a los principios y valores de los Estados Unidos en su uso. Por consiguiente, deben ser empleadas para dar poder, libertad, información y conocimientos a los ciudadanos, no para reprimirlos, abusar de los Derechos Humanos, coaccionarlos o limitar sus libertades.

Estados Unidos ha dado algunas de las tecnologías y empresas que están cambiando el mundo, ahora también aporta esta orden ejecutiva para garantizar que esos cambios lleguen a todas partes, beneficiando a todo el mundo. De forma complementaria, también está en trámite el proyecto de la Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, Ley CISPA (Ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética), HR 3523, que permita al gobierno federal supervisar las comunicaciones online en caso de que se considere adecuado en situaciones de extrema gravedad. También faculta para que cualquier proveedor de Internet que tenga conocimiento de la ejecución de una actividad relacionada con la seguridad cibernética nacional deba comunicar esa información al gobierno para que éste pueda proteger el robo o la apropiación indebida de información privada o pública, propiedad intelectual, o información de identificación personal. Esto es importante a la hora de hacer frente a desórdenes públicos violentos o guerrillas urbanas. Con la ley CISPA en la mano, la interpretación de cuándo es adecuado o no investigar los datos privados de los usuarios, como el correo electrónico, la información en redes sociales o archivos telefónicos, será de discreción gubernamental y de las agencias de seguridad e inteligencia. Un margen de maniobra fundamental para combatir a quienes pretenden emplear las tecnologías con propósitos poco lícitos.

En el marco de estas iniciativas para luchar contra los abusos con base en las nuevas tecnologías, se encuentra la puesta en marcha en los próximos meses de un acuerdo con los principales proveedores de servicios de Internet para cortar la conexión a toda persona sospechosa de estar compartiendo ilegalmente contenido con ‘copyright’. Los desmanes y las actividades ilegales con base en Internet también se van a acabar.
Estamos ante un nuevo tiempo.