El pasado mes de diciembre se aprobó en el Senado de Estados Unidos la National Defense Authorization Act (NDAA), Ley de Autorización de la Defensa Nacional, una de las más importantes herramientas que garantizan la seguridad y la defensa efectivas de este país, y que ha sido firmada por el presidente Obama el pasado sábado. Algunas de las disposiciones de esta ley son un éxito para quienes hemos defendido durante estos años su aprobación por ley y un marco jurídico adecuado que no dejara algunas acciones a la voluntad de los políticos o del presidente de turno. Entre ellas la sección 1021, que incluye la opción de la detención militar inmediata de ciudadanos sospechosos de terrorismo o de personas acusadas de colaborar con los enemigos del país, una detención que puede ser indefinida, y que en el caso de producirse en suelo estadounidense podría dar derecho a un posterior juicio por un tribunal civil.
Con estas normas aprobadas, los miembros de Al Qaeda, de diferentes grupos terroristas, o aquellos ciudadanos involucrados en actos que atenten contra Estados Unidos, podrán ser custodiados por el ejército; además, el gobierno podrá presentar casos relativos a la seguridad nacional y mantener a un preso bajo custodia civil cuando así se establezca. Esta reforma no altera los derechos constitucionales, ni habeas corpus ni ninguna otra legislación existente, a la que seguirán estando sujetos los ciudadanos estadounidenses que sean arrestados en Estados Unidos.

En la práctica, lo aprobado en el Senado y firmado por el presidente es la custodia militar para todo detenido acusado de terrorismo, ya sea detenido dentro de Estados Unidos o fuera, y contiene algunas cláusulas que permiten que el ejecutivo pueda enjuiciar a un presunto terrorista en un tribunal federal, si se consigue demostrar que ese caso sirve a los intereses de seguridad nacional del país. Este es un avance importante y de consenso, ya que la mayoría de los republicanos y algunos demócratas también, se han opuesto desde hace años a que los presuntos terroristas sean enjuiciados en un tribunal federal de Estados Unidos.
La Ley de Autorización de la Defensa Nacional pondrá 662 mil millones de dólares para financiar las Fueras Armadas norteamericanas, diversos programas de defensa y los conflictos bélicos aún abiertos en los que participan nuestras tropas, y fue aprobado por una mayoría de republicanos y demócratas, que demuestran así que saben ser patriotas de verdad cuando es necesario y las circunstancias lo exigen, dejando al margen diferencias para trabajar por un bien mayor.

La ley pasó por una comisión de mediación en la Cámara de Representantes antes de pasar a la firma final del presidente Obama. Lo aprobado es una oportunidad excepcional de dotar a las políticas de seguridad nacional de sentido común y contemplar las recomendaciones de los expertos, nacidas de la experiencia de estos años de duro combate contra el terrorismo y la insurgencia.