Si dejamos aparte la amenaza del terrorismo, otra de las grandes preocupaciones en la agenda política estadounidense, esté la Administración que esté en cada momento, es el crimen organizado, cuyas actividades delictivas colocan muchas veces al estado de derecho contra las cuerdas y en grave riesgo, en particular por la violencia que genera y la corrupción que conlleva y que corroe todos los estratos sociales, políticos y económicos.
Mientras tenía lugar el debate de la deuda nacional para ampliar su techo de gasto en agosto pasado, se aprobó una estrategia nacional contra el crimen organizado, que es la primera de esta magnitud en salir adelante en más de 15 años. La piedra angular de esta estrategia será el ataque a los recursos financieros y económicos de las bandas internacionales del crimen organizado, que es básico para golpear donde más les duele.

La nueva estrategia se plantea como prioridad adaptar los métodos para combatir el crimen organizado al perfil actual que tienen los grupos internacionales, que han realizado una flexible adaptación para diversificarse y abarcar distintas actividades criminales en todo el mundo.
La estrategia se pone en marcha de una forma integral a cargo de todas las agencias federales de seguridad, con prioridad del FBI, y la cooperación de otras agencias de Inteligencia, y tras más de un año de análisis exhaustivo de las redes actuales del crimen organizado, de tal forma que ahora tenemos un conocimiento mucho más completo de éstas que nunca antes. Hoy por hoy sabemos qué grupos organizados enfrentamos, sus actividades, unidades operativas y el alcance de su infiltración en la sociedad.
Para hacerlo verdaderamente efectivo, la estrategia viene marcada por un importante factor económico que se centra en cortar el acceso del crimen organizado y los delincuentes al sistema financiero de sus respectivos países y los mercados internacionales, con el objetivo de impedir que su riqueza ilícita pueda ser blanqueada y de incautar ese dinero procedente de la delincuencia. De esta forma se expondrán las actividades que llevan a cabo estos grupos organizados bajo fachadas aparentemente legales.

El presidente Barack Obama ya firmó la orden ejecutiva que pone en marcha la primera fase de este plan y que consiste en un programa de sanciones que pretende bloquear la propiedad y prohibir las transacciones en Estados Unidos de los individuos o entidades de los que se sospeche alguna relación con organizaciones delictivas transnacionales.
Uno de los primeros efectos de la orden ejecutiva, ha sido que el Departamento del Tesoro se sirvió de ella para anunciar la congelación de los activos en el país de los individuos relacionados con cuatro grupos criminales: el cártel mexicano de Los Zetas, la Camorra italiana, la Yakuza japonesa y la organización «Brothers’ Circle», que opera en los países de la antigua Unión Soviética.
La Administración continuará esta estrategia con una propuesta de ley enviada al Congreso, que reforzará las atribuciones del Departamento de Justicia y otras ramas del ejecutivo a la hora de perseguir esas bandas organizadas.
Con esta actualización legislativa se pretende mejorar la capacidad del país para romper y destruir la estructura financiera de las organizaciones criminales, al extender el alcance de las disposiciones contra el lavado de dinero, que es una de las medidas que más daño suele hacerles.

En concreto, la nueva legislación exigirá a todas las empresas que quieran constituirse en Estados Unidos que revelen su beneficiario real, que puede ser diferente del accionista principal inscrito en la documentación, con lo que se da un paso importante en la recopilación de inteligencia financiera, una de las claves para luchar eficazmente contra el crimen organizado.
La legislación que se intenta sacar adelante haría posible mayor transparencia del sistema financiero, al dificultar la capacidad de las organizaciones criminales para esconderse detrás de compañías y sociedades instrumentales, una de las medidas más efectivas para romper el poder económico sobre el que se asientan estas redes del crimen organizado.
Como complemento, una nueva declaración presidencial firmada por Obama negará a partir de ahora la entrada en Estados Unidos a los inmigrantes identificados como parte de redes criminales y a todos aquellos a los que puedan aplicarse las nuevas sanciones financieras, incluidos funcionarios de Gobierno y empresarios corruptos. Un paso esencial para combatirlos a nivel internacional.
Esta estrategia también prevé la creación de un Grupo de Trabajo para la Mitigación de Amenazas, que se centrará en garantizar la coordinación de los distintos departamentos y agencias gubernamentales involucradas en la misma.
En suma, se trata de adoptar un enfoque integral de las investigaciones criminales, que nos garantice que cuando persigamos a una organización delictiva, se haga aunando esfuerzos a nivel federal y coordinando las investigaciones sobre sus finanzas, armas y su nivel de corrupción y violencia.

La estrategia creará también un programa para otorgar recompensas a aquellos que proporcionen información que conduzca al arresto y condena de los líderes de organizaciones criminales, y para ello se empleará como modelo un programa similar del Departamento de Seguridad Nacional contra los delincuentes de redes de narcotráfico.
El plan que se pondrá en marcha tiene como uno de sus ejes centrales la reducción de la demanda de drogas ilegales dentro de Estados Unidos y la coordinación de los esfuerzos policiales y de inteligencia en el país con otros servicios y fuerzas de seguridad aliadas del extranjero, de manera que se pueda impulsar la construcción de un nuevo marco para la cooperación internacional que proteja a los ciudadanos honrados de la violencia, el daño y la explotación causados por el crimen organizado.
Una estrategia integral de lucha contra estas redes, que minan las democracias y los países desde dentro con su corrupción y ponen su seguridad en riesgo.