Una de las grandes revoluciones en el sector de la inteligencia arrancó durante la presidencia de George W. Bush y ha continuado en la de Barack Obama a cargo de las private intelligence security firms (agencias de seguridad e inteligencia privadas), que a día de hoy realizan alrededor del 70% del trabajo de inteligencia en Estados Unidos. Sus características flexibles, con grandes recursos y versatilidad, las convierten en agencias sin fronteras que ofrecen servicios profesionales especializados de alto nivel. Para el gobierno de Estados Unidos son muchas las ventajas que ofrece la contratación de servicios de inteligencia con estas agencias privadas, entre las que cabría destacar la inexistencia de una supervisión marcada por la política o los intereses de partido, una excesiva regulación de las acciones de inteligencia por parte del Congreso o el propio gobierno, la capacidad para realizar todo tipo de operaciones en cualquier parte del mundo sin limitaciones jurídicas o de otro carácter, y la opción siempre oportuna para el gobierno de la negación plausible de responsabilidad (ultimate plausible deniability), entre otras.
Agencias y empresas como Booz Allen Hamilton, General Dynamics, Lockheed Martin, Science Applications International, GK Sierra, Control Risks Group, Stratfor (Strategic Forecasting, Inc.), Hakluyt & Co., AEGIS, y muchas otras, nos permiten ampliar los servicios de inteligencia gubernamentales con un amplio abanico que cubre todas las demandas del mercado actual en esta materia. Una excelente y flexible forma de actuar coordinadamente en aras de la seguridad nacional.

Estas agencias son útiles y necesarias, se ha demostrado sobradamente durante estos años trepidantes de acción, pero indudablemente también tienen riesgos. El punto débil de estas agencias privadas son algunos de sus empleados, que tienen acceso a distintos niveles de secretos oficiales. Esto queda reflejado claramente con la actuación de Edward Snowden, un empleado informático de Booz Allen Hamilton (no ha sido nunca un agente de la NSA ni de la CIA como proclaman equivocadamente la mayoría de los medios de comunicación). El acceso a información sensible por parte de ciertos individuos es el gran riesgo de estas agencias y el gran reto que debemos afrontar para evitarlos. Un trabajo que debe hacerse con responsabilidad desde las agencias gubernamentales, como la CIA, la DIA o la NSA, y desde las propias agencias privadas.
Los riesgos de permitir que un alto número de empleados de contratistas privados se conviertan en elementos importantes de los servicios de inteligencia, han de ser controlados mediante medidas eficaces que estamos proponiendo desde hace tiempo en la comunidad de inteligencia. Quienes venimos alertando de estos riesgos desde hace años, no deseamos acabar con la colaboración de las agencias privadas, que es necesaria y oportuna, pero sí abogamos por mayores controles de personal. No es lógico que la CIA o la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro incrementen los protocolos de seguridad y acceso a información para sus empleados, y no se haga lo mismo en estas agencias privadas con sus miles de trabajadores. Es de sentido común porque no hacerlo nos dejaría en manos de otros Snowden que no tienen el menor sentido del patriotismo ni de lo que se juega realmente Estados Unidos. En suma, en las manos de niñatos y niñatas que jamás han conocido la realidad de la guerra o las amenazas terroristas más allá de sus videoconsolas.
Por ello, quienes tenemos experiencia en el tema, decimos alto y claro: colaboración con contratistas privados, sí, pero con límites y controles serios y rigurosos. Desde la Dirección Nacional de Inteligencia, con James Clapper a la cabeza, se elaboró un informe revelador sobre esta situación, que debería tenerse como manual de cabecera. En dicho informe clasificado se apunta que de los 4,9 millones de personas con acceso autorizad a información «confidencial y secreta» del gobierno, 1,1 millones, o sea un 21%, trabajan para agencias privadas o contratistas externos. De los 1,4 millones que tienen acceso a información «ultrasecreta», 483.000, o un 34%, trabaja para estas agencias privadas. Datos que deben llamar a la reflexión y a medidas inteligentes.

Más de 50.000 millones de dólares anuales de presupuesto global deberían hacer posible blindar a las agencias de inteligencia gubernamentales y privadas, más teniendo en cuenta que alrededor del 70 % de este presupuesto se canaliza a través de contratistas privados, que han emergido como una industria de alto crecimiento y expansión. No van a desaparecer, así que necesitamos contralar y filtrar mejor a esos 265 mil de los 854 mil empleados del gobierno con autorización para tener acceso a información secreta que también trabajan para el sector privado, así como a las más de 2 000 empresas privadas subcontratadas por el Departamento de Defensa, y que se convierten en los claros elementos de riesgo.
Hay buenas medidas ya propuestas para controlarlos, únicamente hace falta la voluntad política y empresarial de colaborar e implementarlas con rapidez bajo la supervisión de expertos en inteligencia con experiencia demostrada y patriotismo a prueba de chantajes, traiciones, bombas, mujeres, regalos, viajes, dinero y otras diversas tentaciones.