El tiempo da y quita la razón de forma objetiva, poniendo al descubierto las decisiones que fueron acertadas o equivocadas. Lo hemos vuelto a comprobar en estos días pasados cuando el presidente Obama ha sancionado la extensión de la Ley Patriot por cuatro años más como la herramienta legal básica para la lucha antiterrorista. La misma ley que él combatió cuando aspiraba a la presidencia, pero que una vez en la Casa Blanca ha comprobado de primera mano su idoneidad para los objetivos de seguridad nacional.
Por supuesto no espere un comentario sobre el cambio de actitud, que bienvenido sea, pero mucho menos de aquellos medios de comunicación, periodistas y analistas que en su día despotricaron contra le Ley Patriot. Lo que antes era denunciable con el presidente Bush, ahora no merece ni una línea bajo el presidente Obama. Esto retrata muy bien a esos sectores que antes clamaban y ahora callan, con todo su cinismo, manipulación y falsedad.

Para quienes siempre apoyamos la Ley Patriot, antes con Bush y ahora con Obama, esto significa un triunfo más de las tesis que pusimos en marcha tras el 11/S y que ha permitido poner de rodillas a Al Qaeda y eliminar a buena parte de sus líderes, incluido el difunto Osama Bin Laden.
La renovación de la ley salió adelante horas antes con 72 votos a favor y 23 en contra en el Senado, y con 250 frente a 153 en la Cámara de Representantes, lo que indica claramente el amplio respaldo con el que se ha vuelto a aprobar, y que estará vigente hasta junio de 2015.
¿Qué significa en la práctica esta extensión de la Ley Patriot? Lo esencial es que podremos continuar con un marco normativo y legal que ha servido eficazmente al país en la guerra contra el terrorismo, uno de los éxitos legados por Bush y su equipo, y que permitirá a la policía, los servicios de Inteligencia y unidades militares especializadas, poder recurrir cuando sea preciso a las denominadas «escuchas itinerantes», grabaciones telefónicas y rastreo electrónico sobre objetivos “móviles”, diseñados para localizar y controlar a los individuos con altas probabilidades de conexión con Al Qaeda y grupos terroristas. También hará posible acceder a archivos financieros y datos de registros, así como la monitorización por satélite o cámaras de lugares potencialmente peligrosos.

La Ley Patriot faculta así a las fuerzas de Estados Unidos para vigilar a ciudadanos que podrían estar planeando ataques terroristas e investigar negocios relacionados con actividades terroristas. Todo ello con el respaldo de órdenes judiciales, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora.
El presidente Obama pidió expresamente al Congreso extender estas provisiones señalando que, sin ellas, Estados Unidos no estaría completamente capacitado para contrarrestar ataques terroristas. Lo cual es una realidad y la razón de que muchos hayamos defendido la vigencia de esta ley desde el 2001.

Las disposiciones renovadas ahora constituyen sólo una sección de la Ley Patriot, que es permanente, y debido a sus especiales características se estableció que deben ser prorrogadas periódicamente tras un análisis actualizado de su conveniencia. Dado que la amenaza terrorista aún está activa, su aprobación ha sido lo correcto.
La renovación, por la que se ha trabajado intensamente desde la comunidad de Inteligencia estadounidense, nos permitirá continuar luchando eficazmente contra las unidades terroristas que aún planean ataques contra este país.