Cuando Estados Unidos llegó al Oeste, en su proceso de expansión, a finales del siglo XIX, los norteamericanos empezaron a tomar conciencia por aquella época de la necesidad de proteger los vastos espacios naturales con que contaba la nación, llenos de recursos que se hacía necesario preservar.
El movimiento conservacionista ecológico contó con el apoyo inestimable del Presidente Republicano Theodore Roosevelt, que fomentó iniciativas de carácter público y privado para proteger las especies que estaban en peligro de extinción y conservar los recursos naturales de la nación.

Una de esas especies era el bisonte norteamericano, que había sido masacrado por los cazadores y colonos durante la conquista del Oeste y estaba cercano ya a su extinción.
De manera que se creó la Asociación Nacional del Bisonte Norteamericano en 1905, que fue una de las primeras organizaciones de protección ambiental de Estados Unidos. Esta asociación tenía como objetivo proteger y recuperar las poblaciones de bisontes norteamericanos y contribuyó a la creación de un movimiento más amplio, que tuvo como resultado la creación del sistema de Parques Nacionales de Estados Unidos, los mayores territorios naturales protegidos de la época, que marcaron una tendencia mundial.

En 1900 se aprobó la Ley Lacey, en respuesta al problema de los beneficios interestatales que generaba la caza ilegal. Por ejemplo, las poblaciones de numerosas aves disminuían alarmantemente, como las palomas migratorias, que ya estaban en vías de extinción. La ley se promulgó demasiado tarde y esta especie se extinguió (el último ejemplar conocido murió en 1914), pero a la larga benefició a otras muchas especies, en especial aves silvestres.

Precisamente el riesgo de extinción de otra ave, la grulla blanca, provocó la aprobación de la Ley para la Preservación de las Especies en Peligro de Extinción, en 1966, que encomendaba al Departamento de Interior la creación de un listado de especies en peligro de extinción en Estados Unidos, con una asignación de 15 millones de dólares al año para comprar y proteger hábitats amenazados.

Con el fin de salvar a las ballenas, y gracias a la presión de la opinión pública, la ley se revisó en 1969, de forma que permitiera incluir en la lista especies extranjeras y se prohibiera el comercio de productos fabricados con éstas. Un enorme paso, pionero en la conservación transnacional.
Con el tiempo se comprobó que se necesitaba una ley más amplia y sólida, algo que quedó patente tras un conflicto legal entre los Departamentos de Interior y Defensa a cuenta del uso en la Armada de aceite de esperma de ballena en submarinos. Esto hizo que los responsables del gobierno y el Congreso impulsaran la Ley sobre Especies en Peligro de Extinción de 1973, que amplió las protecciones federales para los animales y plantas en peligro de extinción. Asimismo, aumentó la ayuda para la protección de la fauna silvestre destinada a las Administraciones de los Estados de la Unión.
Esta ley busca de forma prioritaria la conservación de los ecosistemas en los que habitan las especies en peligro y amenazadas, estableciendo un programa riguroso para conservarlas, aplicando también las convenciones internacionales en la materia.