Uno de los aspectos más controvertidos de la guerra antiterrorista es la que se refiere al tratamiento de aquellos ciudadanos estadounidenses que toman las armas contra Estados Unidos y a los que se trata como enemigos.
El caso del clérigo islamista estadounidense Anwar al Awlaki, vinculado al grupo terrorista Al Qaeda en la Península Arábiga, que fue abatido por un avión no tripulado de la CIA el pasado septiembre, puso el tema de nuevo sobre la mesa de debate. El clérigo radical planificó y dirigió esfuerzos para asesinar a estadounidenses inocentes a través de un complot para atentar contra aviones de carga en 2010 y otro ataque fallido contra un avión de pasajeros estadounidense en 2009. Eso sin contar sus discursos y acciones en el ámbito de Al Qaeda.

Su eliminación constató una vez más que aquellos ciudadanos estadounidenses que se pongan del lado enemigo, serán tratados exactamente como tales. En toda la cadena de mando y en la Administración la tesis es que la ciudadanía no confiere inmunidad a aquellos que deciden tomar las armas contra su propio país. No se hizo en la Segunda Guerra Mundial cuando hubo estadounidenses que se unieron al Ejército nazi y tampoco se hace ahora.
Esto es importante que se sepa porque algunos estadounidenses pueden tener la falsa perspectiva de que su ciudadanía les garantiza inmunidad pese a que desarrollen actividades terroristas. Nada más lejos de la realidad. A ningún miembro de las Fuerzas Armadas o de la comunidad de Inteligencia de este país le temblará la mano para tratar a estos ciudadanos como combatientes enemigos, siempre y cuando se les reconozca como tales, una decisión que se basa en la información de inteligencia de que se dispone en cada momento y que cambia rápidamente.

Por eso es tan importante saber evaluar esta información y tomar las decisiones correctas. Hacerlo corresponde a los oficiales de Inteligencia y los comandos militares que se encuentran en primera línea de batalla, ya que son los que disponen de todos los datos necesarios para realizar esta evaluación.
La decisión de si un ciudadano estadounidense es un enemigo combatiente no debe ser nunca una decisión política sino operativa y a cargo de quienes se juegan la vida por la seguridad de este país, de los ciudadanos que sí actúan con patriotismo y en cumplimiento de su deber y sus responsabilidades en el combate.