El segundo mandato del presidente Donald Trump avanza imparable. Esta última semana se ha caracterizado por el activismo judicial de algunos jueces izquierdistas nombrados por Obama y Biden, y el cumplimiento de nuevas promesas electorales. Este es el panorama que tenemos.
En un ataque sin precedentes a la autoridad ejecutiva, un juez socialista designado por Obama impidió a los funcionarios del Tesoro acceder a sistemas financieros críticos. Esta mala decisión es un intento de sabotear la Administración Trump y paralizar al gobierno. Pero los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo. El equipo de Trump ha contraatacado y presentado una moción de emergencia para anular esta orden inconstitucional. El estado profundo está en pánico, pero Trump no permitirá que burócratas no electos dirijan el país ni que los jueces activistas de izquierda sigan intentando socavar el liderazgo electo de Estados Unidos.
El DOGE de Elon Musk ha revelado otro desastre de la Administración Biden: FEMA destinó 59 millones de dólares a hoteles de lujo en la ciudad de Nueva York para albergar a inmigrantes ilegales. Los funcionarios de Biden en FEMA está priorizando a los ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses y, en el proceso, está violando la ley. De hecho, enviar este dinero constituye una grave insubordinación a la orden ejecutiva del presidente Trump, que creó un Consejo de Respuesta de la FEMA para detener este despilfarro. Sin embargo, el estado profundo sigue desafiando su liderazgo. Elon Musk ha exigido que se recupere el dinero de inmediato.
Un juez federal, elegido por Obama, decidió bloquear la medida del presidente Trump de enviar a Guantánamo a los inmigrantes venezolanos ilegales pertenecientes a la violenta banda Tren de Aragua. En lugar de hacer cumplir las leyes de inmigración, este juez hace todo lo posible para proteger a personas con presuntos vínculos con pandillas criminales. Trump está luchando por mantener a Estados Unidos y sus comunidades a salvo y seguras, pero los jueces radicales y los activistas socialistas a favor de abrir las fronteras y mantener una inmigración descontrolada tratan de entorpecer su trabajo. La pregunta es evidente: ¿Para quién trabajan realmente: para el pueblo estadounidense o para los criminales que campan a sus anchas por el país? Trump intenta detener esta locura antes de que Estados Unidos siga pagando un precio elevado en criminalidad, costes e inseguridad.
La secretaria del DHS, Kristi Noem acusó al FBI de filtrar información crucial sobre las próximas redadas del ICE. En lugar de ayudar a las fuerzas del orden a acabar con la inmigración ilegal, agentes corruptos del FBI parecen más interesados en alertar a los delincuentes y proteger el desastre de la frontera abierta de Biden. «El FBI es muy corrupto. Trabajaremos con todas y cada una de las agencias para detener las filtraciones y procesar a estos agentes corruptos del estado profundo con todo el peso de la ley», declaró la secretaria Kristi Noem. No se trata de una simple incompetencia, sino de un sabotaje. Mientras ICE lucha por hacer cumplir la ley, algunos agentes del FBI parecen estar trabajando en su contra. ¿Quién mueve los hilos desde el estado profundo? El pueblo estadounidense merece que se rindan cuentas, y Noem tiene razón al exigir justicia. El Congreso debe dar un paso adelante y destruir el estado profundo en manos de los demócratas que sigue activo.
Por su parte, Kristi Noem está haciendo una buena limpieza en el Departamento de Seguridad Nacional, donde ya ha despedido a más de 400 empleados a las órdenes de Biden y los demócratas en los que no se podía confiar. De acuerdo a los datos de Homeland Security, las entradas diarias en la frontera sur han disminuido un 95% desde que el presidente Trump asumió el cargo, en comparación con el gobierno de Joe Biden. Esto pone de relieve la eficacia de sus políticas de seguridad fronteriza.
Entretanto, en las primeras tres semanas de Trump en el cargo, del 20 de enero al 8 de febrero, ICE arrestó a 11.791 inmigrantes ilegales, un aumento del 137% respecto al mismo período en 2024. Abusadores de niños, asesinos y narcotraficantes se encuentran entre los detenidos por ICE.
Otra maniobra legal absurda de la izquierda radical. Jamie Raskin está impulsando una demanda a nivel nacional contra el presidente Trump, Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) por una supuesta «filtración de datos». Esto no es más que un intento desesperado de utilizar los tribunales como arma contra la agenda de Trump. Es lo que hacen los demócratas cuando se quedan sin ideas y pierden: demandan, gritan «fascistas» e intentan silenciar a quienes luchan por una transparencia real y la verdad. No pueden ganar en materia de políticas, así que intentan saturar a Trump y Musk en tonterías legales. Los estadounidenses nos damos cuenta de esta farsa y del intento de los medios de convertirlo en otro escándalo falso sin base alguna. El contraataque del presidente Trump es contundente y no va a parar de implementar su agenda America First pese a los jueces izquierdistas que intentan sabotearlo.
De entrada, el DOGE ha tenido éxito en una importante batalla judicial. El juez John Bates determinó que DOGE califica como una agencia y, por lo tanto, dictaminó que podía acceder a registros de agencias clave. «Por las razones explicadas anteriormente, en el estado actual del expediente y con información limitada sobre el tema, la jurisprudencia que define a las agencias indica que los demandantes no han demostrado una probabilidad sustancial de que [DOGE] no sea una agencia», escribió. «Si es así, [DOGE] podría asignar a sus empleados a otras agencias de acuerdo con la Ley de Economía», agregó. Musk ha celebrado la decisión y pedido mayor responsabilidad judicial. A pesar de las zancadillas, la misión de DOGE de racionalizar el gasto del gobierno federal sigue adelante. El pueblo estadounidense es quien gana con una mayor transparencia, responsabilidad y eficiencia gubernamental.
Otra escandalosa extralimitación judicial ha puesto en suspenso la orden ejecutiva del presidente Trump sobre ciudadanía por nacimiento. A pesar de la clara intención histórica, los jueces activistas siguen tergiversando la 14ª Enmienda para justificar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes ilegales. “La Decimocuarta Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos”, ha declarado el presidente Donald Trump con toda la razón, tal y como argumentan también los mejores expertos constitucionales.
Trump está luchando por Estados Unidos, pero algunos jueces de izquierda activistas se interponen en su camino y sabotean su trabajo. ¿Aceptará esto el pueblo estadounidense o exigirá que se respeten las políticas de su presidente electo? Es hora de decir basta a este circo impulsado por los demócratas, que están con una rabieta tremenda por haber perdido la confianza de los votantes. Los jueces federales conservadores son honestos y morales, pero los jueces de izquierda suelen ser a menudo corruptos y se dejan comprar por el Partido Demócrata y sus medios afines. Por ejemplo, un juez federal ha ordenado poner fin a la congelación de fondos de USAID. «Los funcionarios de Trump no explicaron por qué era necesaria una ‘suspensión general’ de los programas de ayuda extranjera antes de que los programas fueran revisados más a fondo», indica el fallo del tribunal. Esta decisión judicial revierte temporalmente la iniciativa del gobierno de reformar la distribución de la ayuda exterior, y pone de relieve la tensión entre la acción ejecutiva y la supervisión judicial. Ahora que el secretario de estado Marco Rubio está considerando la disolución de USAID, esto podría influir en el futuro de la ayuda exterior estadounidense e impide las reformas necesarias en la distribución de esta ayuda. Todo lo relacionado con USAID se entiende mejor ahora, por ejemplo, que se tenga confirmado, al menos 27 millones de dólares de sus fondos sirvieron para respaldar a quienes persiguieron judicialmente a Donald Trump.
Como apunte interesante, cabe destacar que entre el 60% y el 70% de los fallos impugnados ante el Tribunal Supremo son desestimados y revocados. Esto se debe a que estas resoluciones de jueces activistas socialistas son basura. En realidad, debería haber una sanción si se revoca su resolución.
Los jueces demócratas están utilizando los tribunales para librar una guerra contra los Estados Unidos de Trump. Es indignante ver cómo estos jueces activistas, con profundos vínculos con el partido Demócrata y su historial de activismo judicial, estén tergiversando la ley para bloquear las iniciativas del presidente Trump. Desde recortar el despilfarro gubernamental hasta hacer cumplir las políticas de inmigración, estos jueces no sólo están interpretando la ley de forma errónea, sino que la están utilizando como arma contra la voluntad del pueblo estadounidense. Como ciudadanos, debemos alzar la voz y apoyar al presidente en esta batalla por la soberanía nacional y el estado de derecho. Necesitamos asegurarnos de que el poder judicial sirva a la justicia y no a agendas políticas.
Seamos claros, al intentar usurpar ilegalmente el poder del ejecutivo, estos jueces están creando creado una crisis constitucional. Trump, como presidente, tiene el derecho a ignorar sus órdenes o apelarlas, que es lo que hará, y los jueces no pueden hacer otra cosa que lamentarse por ello y poco más. Tiene un precedente histórico ignorando esta interferencia de algunos jueces en Andrew Jackson, y es algo totalmente justificado, ya que ellos no tienen autoridad constitucional para prohibir las decisiones de poder ejecutivo.
Para completar la ofensiva del presidente contra los demócratas que están detrás de estos jueces activistas, los republicanos en el Senado deberían votar para poner fin a la regla obstruccionista, el denominado “filibusterismo”. Por cierto, la maniobra obstruccionista más larga de la historia de Estados Unidos duró 75 días en 1964, cuando los demócratas intentaron bloquear la Ley de Derechos Civiles. Y ahora se ponen medallas al respecto. Son lo más falso que se pueda imaginar. Ha llegado el momento de convertir en ley las órdenes ejecutivas de Trump. Los ciudadanos estamos hartos de que estos jueces federales activistas intenten bloquear decisiones presidenciales en cumplimiento de sus promesas de campaña votadas por la mayoría de ciudadanos.
Resulta revelador ver cómo los demócratas que predican sobre la democracia, la transparencia, la Constitución y el estado de derecho, no tienen ningún respeto por la democracia, la transparencia, la Constitución y el estado de derecho cuando ellos no tienen el control. Las órdenes ejecutivas de Trump se mantendrán y se aplicarán quieran o no y la última palabra la tendrá, en todo caso, el Tribunal Supremo.

De momento, un juez federal ya ha dictaminado que el presidente Trump tiene, de hecho, autoridad constitucional para congelar o limitar determinados fondos federales. Esto significa que la Casa Blanca puede retener fondos sin la aprobación previa del tribunal de distrito. También el juez de distrito de Massachusetts George O’Toole restableció el programa de renuncia diferida del presidente Trump, «Fork in the Road», que ofrece a los trabajadores federales la opción de jubilarse anticipadamente con incentivos de indemnización o permanecer en sus puestos. Esta decisión es clave porque podría generar cambios significativos en la fuerza laboral a nivel federal, lo que agilizaría las operaciones gubernamentales con mayor eficacia. El fallo establece que los sindicatos que impugnan el programa «no tienen la participación directa requerida» en la directiva, lo que abre el camino para que los trabajadores federales acepten las indemnizaciones.
Entretanto, el presidente Trump sigue trabajando estrechamente con Will Scharf, el brillante abogado de 38 años que se ha convertido en una estrella en ascenso en la Casa Blanca. Él contribuye esencialmente a redactar las órdenes ejecutivas clave y permanece al lado de Trump mientras las firma. Su enorme capacidad está detrás de la consistencia legal de tales documentos. Will Scharf es un prestigioso jurista formado en la Universidad de Harvard, ya desempeñó un papel crucial en las batallas legales de Trump en los tribunales para desmontar las acusaciones falsas de los demócratas, incluida la que condujo a la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial. El equipo de Trump es más fuerte que nunca y unos pocos jueces activistas no lo frenarán. Con Scharf del lado del presidente, tenemos una garantía de que las políticas America First se implementarán.
A pesar de algunas lamentables decisiones de jueces socialistas (no se puede esperar nada bueno de ellos) y de los ataques constantes de los medios de desinformación, sus periodistas ignorantes y manipuladores, y del establishment, la aprobación del presidente Trump sigue al alza entre los ciudadanos. Los medios y sus mentirosos portavoces lo han intentado todo: difamaciones, mentiras descaradas, tergiversaciones, escándalos falsos, guerra legal, pero Trump está más fuerte que nunca, luchando por los estadounidenses y ganando el debate de las ideas, la narrativa y la acción de gobierno. La izquierda y el estado profundo están en pánico, pero el mensaje de los votantes es claro: Estados Unidos quiere la agenda America First y Trump está cumpliendo sus promesas. Entre ellas, colocar a los trabajadores y la industria estadounidense en primer lugar al imponer un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. Se acabaron los acuerdos comerciales injustos y socavar las industrias estadounidenses con metales extranjeros baratos. La acción de Trump envía un mensaje claro de que los días en que países extranjeros explotaban el mercado estadounidense a expensas de los productores y trabajadores estadounidenses han terminado. La Asociación de Fabricantes de Acero ha aplaudido a Trump por poner en primer lugar a la industria siderúrgica estadounidense y a sus trabajadores.
También el área de tecnología se beneficia de estas políticas y estrategia del presidente Trump. Así, el mayor fabricante de chips del mundo, Taiwan Semiconductor, ya está en conversaciones para asociarse con Intel para producir chips en Estados Unidos y evitar los aranceles.
Además, Trump sigue desplegando una brillante estrategia para proteger la frontera sur y ha ordenado a miles de agentes del IRS (Hacienda) que ayuden a deportar a los inmigrantes ilegales. Estos agentes designados auditarán a los empleadores, investigarán el tráfico de personas y ayudarán a detener y expulsar a los inmigrantes ilegales en cumplimiento de su orden ejecutiva. La Administración Biden llenó el IRS para perseguir a los estadounidenses vía impuestos, pero Trump los está utilizando como un recurso contra la inmigración ilegal. Con tropas desplegadas ya en la frontera y la bahía de Guantánamo recibiendo a los detenidos más peligrosos, esta es una operación de cumplimiento de la ley a gran escala. También está reescribiendo las reglas de la ayuda exterior estadounidense y exigiendo una compensación por los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha invertido en la guerra de Ucrania. Trump consiguió un acuerdo por 500.000 millones de dólares en minerales raros, lo que garantiza que el apoyo estadounidense tenga un precio.
El presidente está negociando acuerdos que benefician al pueblo estadounidense, poniendo en marcha una diplomacia de línea dura y aplicando un cambio histórico en la gestión del poder que ya lo está cambiando todo. Otro ejemplo lo vemos en el área de educación. El departamento de educación ya ha rescindido 89 contratos por un valor de 881 millones de dólares. Además, se han eliminado más de 29 subvenciones de capacitación para DEI, lo que supone un ahorro de 101 millones de dólares. Son cambios significativos en sus políticas ante el inminente nombramiento de Linda McMahon, entre ellos la reducción de gastos innecesarios, la eliminación de iniciativas de DEI y la lucha contra la ideología de género en las escuelas, todo ello en consonancia con la visión de Trump para la reforma educativa. Precisamente ha enviado una carta esta semana pasada a los departamentos de educación en los 50 estados, notificándoles que tienen 14 días para eliminar toda la programación DEI en sus escuelas. El incumplimiento resultará en la pérdida de fondos federales. Se espera que Linda McMahon continúe con estos esfuerzos, centrándose en la elección de escuelas, el poder de los estados y los valores educativos fundamentales por encima de las agendas ideológicas. Son pasos necesarios hacia un sistema educativo más eficaz. Asimismo, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de vacunación obligatoria contra el COVID-19 en las escuelas que reciben fondos federales. Los CDC perderán aproximadamente 1300 empleados bajo las directrices de la Administración Trump, que ha ordenado a las agencias federales que despidan a los empleados en período de prueba.
A los demócratas socialistas no les molesta que la Administración Trump esté exponiendo el despilfarro gubernamental, sino lo que está quedando al descubierto: fondos ilícitos, mal uso del dinero de los contribuyentes y agencias que no cumplen con sus misiones. Los demócratas no quieren que veamos la realidad de su pésima y corrupta gestión. Esta es la verdadera razón detrás de la histeria de la izquierda. El pueblo estadounidense merece un gobierno que trabaje para él, no para burócratas de carrera y sus proyectos favoritos. Trump está ofreciendo exactamente eso y la élite y el establishment corrupto no lo puede soportar. Por eso es un gran triunfo que los republicanos de la Cámara de Representantes hayan llegado a un acuerdo para recortar 1,5 billones de dólares del presupuesto federal. Sólo la llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha hecho posible.
De forma paralela, sus nominados para el gabinete siguen siendo confirmados por el Senado. Tulsi Gabbard lo fue como directora de inteligencia nacional (DNI), y ya ha sido juramentada en el cargo. Con ella, llega la hora de aumentar los estándares analíticos; detener las filtraciones de inteligencia; reducir redundancias y problemas de funcionamiento; y unir al IC detrás de su misión principal, que es mantener a Estados Unidos seguro, y resalta el compromiso del presidente Trump de salvaguardar la seguridad de Estados Unidos y garantizar que las operaciones de inteligencia sigan enfocadas en proteger a nuestra nación y al pueblo estadounidense.
La confirmación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de los Department of Health & Human Services (HHS) y la creación de la comisión MAHA, que tiene como misión investigar y abordar las causas fundamentales de la creciente crisis sanitaria en Estados Unidos con un enfoque inicial en las enfermedades crónicas infantiles, subraya la dedicación del presidente Trump para que los estadounidenses tengan vidas más saludables, y su empeño en restaurar la confianza en las instituciones de salud pública y defender la libertad médica para todos. La confirmación como secretaria de Agricultura de Brooke Rollins refleja bien los objetivos de Trump de conceder más poder a los agricultores estadounidenses, fortalecer las comunidades rurales y garantizar que el sector agrícola nacional siga siendo una piedra angular de la prosperidad de Estados Unidos.
El presidente Trump firmó también una importante orden ejecutiva que establece el Consejo Nacional de Dominio Energético, presidido por el secretario de interior, Doug Burgum, con el objetivo de lograr el liderazgo energético mundial. Además, 625 millones de acres que Biden prohibió en sus últimos días en el cargo para futuras concesiones de petróleo y gas en alta mar ahora están nuevamente «en el balance». Definitivamente, Trump está tomando medidas para restaurar la independencia energética estadounidense. Otro de sus éxitos ha sido el acuerdo con India, que comprará cantidades masivas de petróleo y gas estadounidenses, así como contratará a empresas estadounidenses para construir centrales nucleares.
El efecto Trump también está llegando llega a las Fuerzas Armadas y el reclutamiento en el ejército alcanza su nivel más alto en 15 años y la moral de las tropas estadounidenses vuelve a estar en lo más alto. Además, el ejército de Estados Unidos ya no permitirá que las personas transgénero se alisten y dejará de realizar o facilitar procedimientos asociados con la transición de género para los miembros del servicio. A partir de ahora, se suspenderán todas las nuevas incorporaciones de personas con antecedentes de disforia de género, y todos los procedimientos médicos no programados, programados o planificados asociados con la afirmación o facilitación de una transición de género para miembros del servicio. Los elevados estándares militares de ingreso han vuelto.
Por otra parte, el presidente Trump ha despedido a todos los fiscales federales designados por Joe Biden. Esta medida necesaria ayudará a detener la politización del Departamento de Justicia que habían emprendido los demócratas y garantizará que se imparta justicia de manera justa e igualitaria para todos los estadounidenses.
Donald Trump y Elon Musk siguen impulsando la eficiencia gubernamental. 75.000 trabajadores federales ya han aceptado la jubilación anticipada. Se trata de una enorme reducción del tamaño del gobierno federal que ningún presidente había logrado hasta ahora. Trump está haciendo posible la clásica promesa de Ronald Reagan de un gobierno más reducido. Esto demuestra que la guerra jurídica no prevalecerá sobre la voluntad de los 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente Trump y sus prioridades políticas.
Esta medida, que forma parte de una estrategia más amplia para reducir el tamaño del gobierno, refleja un compromiso con la responsabilidad fiscal y la eficiencia. Dado que el 3,75% de la fuerza laboral federal ha optado por retirarse, las implicaciones para las operaciones gubernamentales y los servicios públicos son más que notables. Es un paso fundamental hacia un gobierno más eficiente.
Y sólo es el principio de este segundo mandato. Nos queda mucho Trump y muchos éxitos por delante.