Es importante destacar que fue otro Presidente Republicano, Richard Nixon, quien en diciembre de 1973 promulgó la Ley para Especies en Peligro de Extinción, que durante todo este tiempo ha sido la garantía legal y la única salvaguarda para la fauna y flora en peligro de extinción. Uno de sus rasgos característicos destacados es la protección de los hábitats donde se encuentran las especies en peligro, como ya henos analizado previamente. Por ejemplo, de los bosques, los ríos o los ecosistemas más amenazados.

El objetivo de la Ley no es sólo proteger animales y plantas, sino también los hábitats necesarios para que estas especies sobrevivan, lo que significa en la práctica evitar que los seres humanos perjudiquen o modifiquen los ecosistemas más valiosos.
Esta Ley, que resultaba vanguardista en su época, es más necesaria que nunca. En estos 36 años han cambiado muchas cosas que es preciso tener en cuenta en las políticas de protección. Por ejemplo, Estados Unidos es una sociedad de 300 millones de personas, frente a los 100 millones de 1973, y el planeta alberga a 6.800 millones cuando antes eran 2.800 millones. Actualmente, el clima y la pérdida de hábitats son preocupaciones crecientes, al igual que la deforestación, la explotación masiva de los recursos marinos, la caída en las poblaciones de aves migratorias, y el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza; problemas todos ellos que han crecido y se han convertido en una amenaza contra la supervivencia de ecosistemas vitales y la fauna que los habita.
Un panorama que en algunos aspectos es peor que en 1973 y hace preciso salvaguardar la Ley, que se ha convertido en un campo de batalla político, debido a la colisión del derecho a administrar y desarrollar una propiedad de acuerdo a las necesidades del propietario y la necesidad de proteger los hábitats, que son necesarios para salvaguardar las especies en peligro de extinción que viven ahí.

La Ley es clara en sus objetivos y prohíbe perjudicar a cualquier especie en peligro de extinción y la destrucción de su hábitat, aunque esté en propiedad privada. Algunos propietarios consideran que esta disposición viola sus derechos legales y han llevado el tema al Tribunal Supremo, donde la mayoría de ellos han perdido.

La Ley no ha sido revalidada y, dados los desafíos que afrontamos, parece necesario asegurar su financiación y futuro con medidas políticas valientes y decididas. Es un tema importante sobre el que la Administración Obama debería actuar cuanto antes. No es suficiente la firma del memorando presidencial que garantiza “reestablecer el proceso científico en el cuidado de las especies en peligro”. Desde la aprobación de la Ley ESA, los proyectos federales deben aportar un informe científico, que entre otras cosas, evalúa el impacto que tendrían sobre las especies en vías de extinción. Un informe que la Administración Bush dejó como optativo.
El Presidente Obama, al firmar el memorado, declaró: “A lo largo de nuestra historia ha habido una tensión entre los que buscan preservar nuestros recursos naturales para beneficiar a generaciones futuras y aquellos que buscan beneficiarse de esos recursos (…) Es una alternativa falsa. Con políticas sensatas y sostenibles podemos hacer que nuestra economía crezca y conservar el medio ambiente para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos”.
Palabras acertadas, pero que deben ir acompañadas por más hechos. La realidad es que la Ley ESA ha sido revalidada siete veces y modificada en varias ocasiones, la enmienda más reciente es de 1988. La Ley debería haberse revalidado nuevamente en 1993, pero todavía no se ha promulgado la legislación correspondiente, de forma que el programa de Especies en Peligro de Extinción ha seguido recibiendo asignaciones de recursos mientras el Congreso estudia la revalidación, lo que permite continuar con las medidas de conservación de las especies amenazadas y en peligro de extinción. Es hora de tomar una decisión con visión de futuro que continúe garantizando el éxito en la preservación de las especies y los ecosistemas más amenazados que ha permitido la Ley ESA hasta ahora.