Las comisiones militares
Todos cuantos trabajamos por la seguridad nacional de Estados Unidos, sea desde el ámbito que sea, hemos recibido una extraordinaria noticia con la decisión del presidente Obama de decretar, mediante orden ejecutiva, el restablecimiento de las comisiones militares para juzgar a los “combatientes enemigos” presos en Guantánamo, tal y como ordenara el expresidente George W. Bush en 2002, cuando las activó. Más gratificante ha sido aún para cuantos apostamos activamente por este restablecimiento y por convencer al presidente Obama de que rectificara su anterior decisión de suspender los tribunales militares.
Desde el inicio de la guerra antiterrorista, tras el 11/S, he apoyado siempre la instauración de estos tribunales para que juzguen a los terroristas y los “combatientes enemigos”. Por ello, me congratulo de la decisión presidencial y el cambio de actitud de Obama, que ha sabido escuchar y comprender los argumentos de quienes apoyábamos esta medida, que permitirá procesar a 47 de los 172 presos que quedan en Guantánamo y presentados ante una Junta de Revisión Periódica; entre ellos, 35, que ya estarían listos para ser llevados a las cortes militares.
La decisión presidencial llega tras dos años de moratoria y servirá para ampliar nuestra capacidad de llevar a los terroristas ante la Justicia. Este tiempo de realismo, que es distinto a lo que se puede predicar alegremente en campaña electoral, ha servido para demostrar que los tribunales militares son la opción más acertada para gestionar este tema con mayores garantías de seguridad para el país.
Lo que sí se ha hecho es aplicar algunas garantías jurídicas adicionales para los presos, por ejemplo, se establece un sistema de revisiones periódicas, cada tres años, para algunos presos que deberán permanecer encarcelados de forma indefinida y se permitirá a los detenidos el derecho a sus abogados y a presentar pruebas documentales cada seis meses. De esta forma, las detenciones indefinidas se atendrán en todo momento a las garantías jurídicas.
La celebración de las comisiones militares permitirá procesar a los responsables del 11/S, entre los que se encuentra detenido en Guantánamo Khalid Sheikh Mohamed, uno de los cerebros de la trama que propició los ataques, o de terroristas notorios como Abd al-Rahim al-Nashiri, cerebro del ataque islamista contra el “USS Cole” en Yemen, cometido hace once años y en el que murieron 17 soldados estadounidenses.
Una de las conclusiones de esta decisión presidencial, sobre la que tantos medios de comunicación han pasado hipócritamente de puntillas, en particular aquellos que tanto cacareaban cuando se producían estos juicios con Bush, es la validación precisamente de la política de Bush respecto al trato de los terroristas y los “combatientes enemigos”, que faculta al país a retener a los terroristas hasta el fin de las hostilidades bélicas. Incluso la actitud del presidente Obama de cerrar Guantánamo se ha visto parada por la realidad y obligado a esperar hasta que sea posible, de igual forma que pretendía Bush.
La primera consecuencia de la orden ejecutiva del presidente Obama, ha sido que el secretario de Defensa, Robert Gates, ha emitido otra orden que reactiva las comisiones militares, permitiendo así presentar nuevos casos ante ellas. Así, junto a los juicios contra sospechosos de terrorismo que se celebran en tribunales civiles, se convierten en una herramienta importante para combatir a los terroristas internacionales.
Con el sistema reinstaurado, si un preso deja de representar una amenaza significativa, los secretarios de Defensa y de Estado podrán designar un lugar, fuera de Estados Unidos, a donde transferirlo de forma que no represente un peligro para la seguridad nacional y acorde con los intereses de la política exterior estadounidense.
La decisión pone de relieve de forma indiscutible el valor de los tribunales militares como herramienta fundamental para luchar contra la red Al Qaeda, más allá de posturas partidistas o ideológicas. Además, fortalece el marco legal bajo el que continuaremos deteniendo a aquellos individuos que están en guerra con nuestro país y que siguen siendo una amenaza intolerable para la seguridad nacional de Estados Unidos.