El enfrentamiento entre Donald Trump y los jueces activistas de izquierda nombrados por Clinton, Obama y Biden, se veía venir de lejos y ha estallado por fin a cuenta de las acertadas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente republicano.
Estos jueces activistas teledirigidos por los demócratas están empeñados en declarar inconstitucional toda la agenda política de Trump, por lo que podemos considerar que esta es la guerra jurídica definitiva. En su momento lo juzgaron con todo tipo de acusaciones falsas que han quedado en nada, como sabía cualquier experto en derecho constitucional, y ahora vuelven a la carga en su enésimo intento de parar a Trump como sea. Ya son muchas las opiniones en Estados Unidos que apuntan a que es hora de empezar a ignorarlos y someterlos a juicio político porque no es Trump el que está provocando una crisis constitucional, sino estos jueces activistas no electos que intentan impedir que Trump haga lo que fue elegido para hacer. Curiosamente, cuanto más se empeñan en ello, menos populares se vuelven y menos apoyos consiguen y más popular se hace Trump.
Dejemos la propaganda anti Trump de los medios y de los jueces izquierdistas a un lado y seamos claros. Los jueces sólo tienen el poder de la opinión pública para obligar a un jefe del ejecutivo a acatar sus decisiones. En este caso, los ciudadanos apoyan a Trump de forma mayoritaria, así que esos jueces en realidad no tienen ningún poder. La Administración de Trump y los ciudadanos hemos dicho basta y no vamos a permitir ser gobernados por un puñado de jueces socialistas no electos. Donald Trump se enfrenta a estos jueces radicales tal y como en su día lo hiciera el presidente Andrew Jackson, quien dijera aquellas palabras que han pasado a la historia «¡A ver si pueden hacer cumplir su fallo!». Y es que los Padres Fundadores dejaron la aplicación de la ley en manos del ejecutivo por una razón. Se suponía que los jueces debían ser ignorados cuando se extralimitaban. Tal y como es el caso que afecta ahora a Trump. En su momento, Andrew Jackson desafió al Tribunal Supremo, diciendo la famosa frase: «John Marshall ha tomado su decisión, ahora que la haga cumplir», e ignoró con buen criterio la decisión del tribunal.
Estos jueces socialistas, se han excedido completamente en su autoridad y la respuesta simplemente debe ser ignorar sus órdenes. Si el Congreso quiere intervenir y opinar al respecto, que lo haga, al menos son representantes electos. Pero, por ahora, estos jueces que odian a Trump ideológicamente pueden ahorrarse los esfuerzos y la tinta.
Como no podía ser de otra manera, el presidente Trump ha respondido perfectamente a estos jueces activistas. Por ejemplo, le ha dicho al juez que se opone a él por la financiación de USAID: «¿Sabe qué debería hacer? Debería investigar adónde fue a parar el dinero. ¿Adónde fueron esos miles de millones de dólares?
En realidad, nunca quieren investigar porque cuando ves adónde fue el dinero, se demuestra la gran estafa en la que estaban implicados los demócratas y muchos jueces.
El Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces del más alto tribunal deberían aceptar la revisión inmediata de cualquier número de peticiones de emergencia presentadas por el Departamento de Justicia en nombre del presidente Trump y del pueblo estadounidense y revertir las escandalosas decisiones de los tribunales de distrito de inmediato, y hacerlo en un lenguaje muy amplio que ordene a estos jueces que dejen de entrometerse en el funcionamiento del poder ejecutivo donde, bajo la doctrina de separación de poderes, no tienen jurisdicción y sus órdenes no se harán cumplir. Es el presidente Trump quien la autoridad para, por ejemplo, expulsar a inmigrantes ilegales y criminales violentos de Estados Unidos, no ningún juez, ya sea local o federal. Esos jueces creen que puedem controlar la política exterior de todo el país, y la realidad es que no pueden.
Cuando el presidente Trump declara que tenemos jueces corruptos que están destruyendo nuestro país, puede sonar muy fuerte, pero eso es exactamente lo que ocurre si aceptamos sus decisiones motivadas políticamente. Basta con observar los requerimientos judiciales hasta ahora centrados en la deportación de terroristas extranjeros del país; la contratación y despido de empleados del poder ejecutivo; y determinar la preparación de nuestras tropas y la aplicación de DEI. Ningún juez tiene la autoridad para dictar la política exterior o interior. Estas son otras indignantes apropiaciones del poder judicial por parte de esos jueces activistas de izquierda. La realidad es que el pueblo estadounidense votó abrumadoramente a favor de la agenda del presidente Trump. Permitir que jueces no electos usurpen el poder ejecutivo es una amenaza fundamental, real e inmediata para nuestra democracia y el estado de derecho.
No es extraño que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, haya pedido al Congreso que despoje a los tribunales federales de la jurisdicción para decidir sobre los casos que dictan las políticas ejecutivas de Trump. El sabotaje a la agenda del presidente por parte de esos jueces era previsible. ¿Por qué no se presentaron proyectos de ley que despojaban de jurisdicción al inicio de este Congreso? El Congreso tiene la autoridad de despojar a los tribunales federales de la jurisdicción para decidir estos casos. Debería presentar proyectos de ley en este sentido porque es muy evidente que existe un esfuerzo concertado de la izquierda demócrata para elegir jueces que claramente actúan como activistas partidistas, en un intento de descarrilar la agenda del presidente Trump y no podemos ni debemos permitir que eso suceda.
Muchos ciudadanos de buena fe se preguntan por qué algunos jueces persiguen al presidente Trump desde hace años con tanta inquina. La respuesta es sencilla: porque es el primer presidente en décadas que reafirma el estado de derecho y el orden constitucional en este país, sin plegarse a los caprichos del estado profundo y el establishment. Los mandatos judiciales son un esfuerzo de la izquierda radical para impedir que el pueblo estadounidense tenga la agenda política y el cambio por los que votó mayoritariamente.
Para cualquier que no esté cegado por la ideología, es evidente que no se puede tener una democracia en la que jueces de tribunales de distrito individuales o federales puedan asumir todos los poderes del comandante en jefe. Es impensable y una absoluta necedad.
Veamos algunos datos para poner en perspectiva. El 67% de las órdenes judiciales interpuestas por activistas partidistas en el Poder Judicial han sido contra el presidente Donald Trump, y el 92% de ellas han sido de jueces designados por los demócratas. Claro y en botella. Este es un esfuerzo concertado de la izquierda que no simpatiza con el presidente y que intenta frenar su agenda a toda costa, aunque sea triturando la Constitución, exactamente como intentaron hacer con las causas falsas en su contra durante la campaña electoral.
Sin embargo, Trump no sólo tiene la ley, los argumentos y la razón de su parte, sino también el respaldo de numerosos jueces y expertos constitucionalistas, además de los fiscales estatales republicanos, que ya han declarado que esos jueces anti Trump están actuando fuera de los límites legales de su autoridad. Lo que hacen no se trata de justicia, sino de activismo desde la magistratura. Esta es una guerra que el presidente Trump también va a ganar y que sólo servirá para alimentar a los medios de desinformación y manipulación que están en su contra desde un activismo vomitivo que todos vemos con nitidez.

Todo esto irá al Tribunal Supremo o al Congreso, ya que son órdenes ejecutivas que sólo el próximo gobierno podría anular. Al retrasar su aplicación y lograr que Tribunal Supremo o el Congreso se pronuncien al respecto, Trump las hace más permanentes y debilita a los demócratas en las elecciones midterm de 2026. Como he citado antes, el presidente podría actuar como Andrew Jackson e ignorar la interferencia de los jueces activistas, ya que no tienen autoridad constitucional para prohibir que una persona designada por el Poder Ejecutivo acceda a cualquier cosa en una agencia del gobierno o tome las medidas que considere oportunas. El presidente es el jefe de ese poder. El juez no tiene poder sobre esa autoridad constitucional plenaria. Si desafían las órdenes, podría destituir a esos jueces.
El general Andrew Jackson, que fue el séptimo presidente de Estados Unidos, un héroe militar, un presidente del pueblo y un líder impredecible, al igual que el presidente Trump, se enojaba cuando sus órdenes se retrasaban, ignoraban o rechazaban. Como general y presidente, Jackson ignoró las órdenes del Tribunal Supremo. Desafió a los jueces a hacerlas cumplir. Jackson sentó las bases para la democracia, saldó la deuda nacional, obtuvo nuevas tierras para Estados Unidos, fortaleció las relaciones con naciones extranjeras a nivel mundial y emitió una nueva moneda. Como vemos, no pasa nada que ya no haya sucedido antes.
Donald Trump siempre ha estado bajo el ataque de un sector izquierdista del poder judicial. Cuando los demócratas no pueden derrotarlo en las urnas, siempre recurren a la guerra legal de una u otra manera, la mayoría de las veces basándose en mentiras descaradas y la manipulación de los hechos. Durante su primer mandato, Trump se enfrentó a 64 mandatos judiciales nacionales; muchas veces más que las que enfrentaron Obama o Bush. Realmente ha llegado la hora de que el Tribunal Supremo intervenga y ponga fin a este circo alimentado por los medios, los jueces socialistas y los demócratas.
Según los datos disponibles, Trump afronta un número inédito de medidas en los dos primeros meses de su segundo mandato (del 20 de enero de 2025 al 20 de marzo de 2025) que refleja una tendencia exagerada de impugnaciones legales. Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), los tribunales federales emitieron 64 medidas cautelares a nivel nacional contra las políticas de su Administración, según Harvard Law Review (abril de 2024). Esta cifra es significativa en comparación con los totales históricos: sólo se emitieron 27 medidas cautelares a nivel nacional a lo largo del siglo XX, según las declaraciones del ex fiscal general Bill Barr en 2019, y se registraron 63 entre 1963 y 2016. Para contextualizar de forma adecuada y no dejarnos engañar por los medios y sus parlanchines y manipuladores portavoces y presentadores, la Administración Bush enfrentó 6 medidas cautelares, Obama 12 y Biden 14 (en sus primeros tres años), totalizando 32 entre 2001 y principios de 2024. Las 64 medidas cautelares impuestas a Trump durante su primer mandato duplicaron esa cifra combinada para sus predecesores y sucesores inmediatos. Para su segundo mandato, que comenzó el 20 de enero de 2025, los informes indican un ritmo acelerado de impugnaciones legales. Para mediados de marzo de 2025, fuentes como Fox News (17 de marzo de 2025) registraron más de 120 demandas presentadas contra las acciones ejecutivas de Trump, con al menos 15 medidas cautelares a nivel nacional emitidas sólo en febrero de 2025, según RealClearInvestigations (16 de marzo de 2025). Publicaciones recientes sugieren que el total podría haber aumentado para el 20 de marzo de 2025, superando a todos los presidentes anteriores juntos. Sin embargo, los recuentos precisos para el mandato actual no están completamente consolidados en los datos disponibles, y los totales históricos de los 45 presidentes anteriores (más allá de las últimas décadas) no están documentados exhaustivamente. Estimando de forma conservadora, si Trump se enfrentara a entre 20 y 25 medidas cautelares a 20 de marzo de 2025 durante su segundo mandato, sumadas a las 64 de su primer mandato, el total (84-89) superaría las 63 registradas entre 1963 y 2016, y probablemente las 27 del siglo XX. Es plausible, aunque no demostrable definitivamente, que el total de Trump supere al de todos sus predecesores en conjunto, especialmente si las presidencias anteriores se enfrentaron a pocas o ninguna medida cautelar (siendo las medidas cautelares a nivel nacional un fenómeno moderno). Esto refleja inequívocamente una persecución judicial controlada y dirigida para evitar que cumpla su agenda política. Quien no lo vea, es que lo ciega la ideología progre y las ansias de manipular la realidad. Es lógico que el presidente Trump ofrezca una resistencia judicial a esta guerra en contra de lo que decidió la mayoría de los estadounidenses al otorgarle un mandato masivo e histórico para cumplir su agenda de America First. De momento, enfrentamos un ritmo extraordinario de impugnaciones legales, posiblemente superando el total de los ocho años de Obama (12) en tan sólo dos meses, lo cual dice todo de esta presión brutal e inconstitucional del sector progre judicial aliado de los demócratas.
La buena noticia es que el presidente Trump ya los ganó anteriormente en los procesos abiertos en su contra y volverá a hacerlo. Para reforzar la estrategia de defensa de la independencia del poder ejecutivo, el congresista Darrel Issa ha presentado un proyecto de ley que impediría que jueces radicales impongan mandatos judiciales a nivel nacional contra la agenda del presidente Trump, por la que votaron 77 millones de estadounidenses. Este proyecto de ley se ha aprobado en el Comité Judicial, y ahora debemos asegurarnos de llevarlo al escritorio del presidente para que lo firme. Además, toda la Administración respalda la solicitud de Trump de destituir al juez federal de distrito James Boasberg después de su orden judicial contra las deportaciones.
Los mandatos judiciales a nivel nacional se han convertido en la herramienta predilecta de los jueces activistas de izquierda para bloquear políticas por las que votaron millones de estadounidenses; políticas que protegen, por ejemplo, las fronteras, impulsan la producción energética, el deporte femenino, garantizan unas fuerzas armadas libres de personas transgénero y políticas DEI, y priorizan a los contribuyentes. La Ley de Aclaración de la Autoridad Judicial pone fin a esta extralimitación judicial al exigir a los tribunales que se centren en las partes reales de un caso en lugar de inventar autoridad para detener iniciativas federales completas. Los burócratas socialistas radicales que utilizan los tribunales como arma para sabotear los mandatos de los líderes electos son precisamente la razón por la que los estadounidenses exigieron un cambio. Este proyecto de ley obliga al poder judicial a seguir su línea constitucional, mientras que permite al ejecutivo ejecutar la agenda que los votantes le encomendaron. Se debe aprobar de inmediato y dejar que el gobierno trabaje finalmente para el pueblo en lugar de para sus intereses o lobbies externos.
El Artículo III, Sección 1 de la Constitución otorga al Congreso la autoridad de limitar la jurisdicción de los tribunales federales. Utilizando el lenguaje coloquial de Trump, el presidente tiene todas las cartas ganadoras en este asunto.