El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado martes la orden ejecutiva titulada «Preservación y protección de la integridad de las elecciones estadounidenses», que busca reformar las elecciones federales. Esta orden incluye exigir a los votantes que presenten prueba de ciudadanía y limitar cuándo los estados pueden recibir el voto por correo, entre otras medidas, para erradicar el fraude electoral. Ya podemos decir alto y claro que gracias al presidente Trump, los demócratas tendrán más dificultades para robar elecciones, tal y como hicieron en 2020 con aquel fraude descarado que llevó a Joe Biden y a la Camarilla que lo controlaba al Despacho Oval.
La orden ejecutiva establece que Estados Unidos no ha «aplicado las protecciones electorales básicas y necesarias» e insta a los estados a cooperar con la Casa Blanca o a arriesgarse a perder el acceso a fondos federales si no exigen prueba de ciudadanía. A partir de ahora, ya es ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones. De hecho, se aplica en su integridad la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales. Algo que no se estaba cumpliendo. Todos los estados debían utilizar un formulario de registro común que exige que las personas confirmen su ciudadanía estadounidense, bajo pena de perjurio por declaraciones falsas, pero no exigía prueba documental. Ahora se exigirá comprobante de ciudadanía para votar, además de aplicar las siguientes medidas:
– Fondos vinculados al cumplimiento de la integridad.
– Papeletas electorales.
– La Fiscal General investigará el fraude electoral.
– Adopción de medidas enérgicas contra las votaciones tardías.
– Ejes EO de participación electoral.
La orden de Trump también tiene como objetivo prohibir que los estados acepten papeletas de voto por correo recibidas después del día de las elecciones. Actualmente, 18 estados permiten la recepción de papeletas después del día de las elecciones, siempre que se hayan enviado por correo el mismo día o antes. La orden retiraría los fondos federales a los estados que no cumplan. Se espera que la base legal de la orden sea impugnada en los tribunales por los demócratas y grupos afines, por lo que nos espera una entretenida e interesante lucha judicial en torno al tema. De hecho, ya se están produciendo opiniones que tratan de amparar las lagunas legales que permiten el fraude electoral. Por ejemplo, a Wendy Weiser, del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, le ha faltado tiempo para declarar al Washington Post: «El presidente no puede invalidar una ley aprobada por el Congreso que establece los requisitos para registrarse para votar en el formulario federal de registro de votantes». O Rick Hasen, profesor de derecho de la UCLA, que ha volcado en su blog lo siguiente: «Las elecciones son gestionadas en gran medida por cada gobierno estatal, y que, de mantenerse, la orden transferiría radicalmente el poder al gobierno federal».
En fin, que la batalla judicial era previsible por parte de quienes están más preocupados en que siga habiendo opciones para cometer fraude electoral, pero era necesario abrir este melón, que sólo Trump se ha atrevido a plantear y que muchos expertos en integridad reclamaban desde hace tiempo. Esfuerzos bloqueados siempre por los demócratas, que reciben miles de votos ilegales en cada elección.
La orden ejecutiva de Trump ordena a las agencias federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado, que compartan con los funcionarios electorales datos federales que podrían ayudarles a identificar a las personas no ciudadanas en sus padrones. El requisito de prueba documental de ciudadanía indica que el presidente no está esperando a que los republicanos del Congreso aprueben su tan esperada Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (Ley SAVE), que busca lograr lo mismo. También establece que el fiscal general debería “priorizar la aplicación de las leyes federales de integridad electoral” en los estados que no comparten información sobre presuntos delitos electorales con el gobierno federal.

La orden busca exigir que los votos se emitan y reciban antes del día de las elecciones y establece que la financiación federal debe estar condicionada al cumplimiento estatal. Actualmente, 18 estados y Puerto Rico aceptan las papeletas de voto enviadas por correo recibidas después del día de las elecciones, siempre que tengan matasellos de esa fecha o anterior, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. La orden de Trump insta a la Comisión de Asistencia Electoral a modificar las directrices del sistema de votación para proteger la integridad electoral, incluyendo la recomendación de que los sistemas de votación no utilicen papeletas con código de barras o QR en el proceso de recuento de votos. Se añade que la comisión debería condicionar la financiación que distribuye a los estados a estas nuevas directrices.
Se mire como se mire, guste o no guste Trump, esta orden ejecutiva es de las más importantes que ha firmado el presidente por su relevancia y proyección futura. Es un gran primer paso para la reforma de la integridad electoral a nivel nacional. Numerosas voces ya dejan oír su opinión favorable. Bryan Steil, de Wisconsin, presidente del comité de la Cámara de Representantes que supervisa las elecciones, afirmó que la orden es una «acción bienvenida para asegurar nuestras elecciones y prevenir la influencia extranjera». Mike Lindell, que se ha destacado en estos últimos años como denunciante de las graves irregularidades electorales y que busca prohibir los sistemas de votación electrónicos a favor del recuento manual de votos, recaudó fondos tras la noticia el pasado martes, y afirmó en un correo electrónico que la orden solucionará nuestras «elecciones enfermizas».
Además, la Orden Ejecutiva de Trump se produce en un momento en que el Comité Nacional Republicano ha lanzado una iniciativa general para investigar el mantenimiento del padrón electoral en todo el país. Este comité envió solicitudes de registros públicos la semana pasada solicitando documentos relacionados con el mantenimiento del padrón electoral en 48 estados y Washington, D.C., afirmando que el público debe saber cómo los estados están eliminando a personas no elegibles del padrón electoral, incluyendo fallecidos y extranjeros. La orden se verá complementada con nuevas medidas electorales en las próximas semanas.
En resumen, esta esperada orden ejecutiva, que es una revolución jurídica y electoral, aplasta la maquinaria electoral fraudulenta demócrata con seis audaces disposiciones. Desde la prueba de ciudadanía y la identificación de votante hasta la prohibición de las papeletas de votación tardías y la revocación del plan de Biden para aumentar la participación electoral, esta nueva acción de Trump es un golpe demoledor al fraude. El presidente está cumpliendo lo que prometió: elecciones seguras con papeletas de voto y sin códigos QR. A partir de ahora, el Departamento de Justicia tendrá las herramientas legales para poder perseguir a los que cometen fraudes electorales y estados como California no podrán demorarse semanas en el recuento de votos. Con las elecciones midterm al Congreso de 2026 muy cerca, Trump se asegura así de que los conservadores puedan competir en igualdad de condiciones y ganar de forma justa, transparente e íntegra. Las artimañas del Partido Demócrata y sus aliados izquierdistas lo tendrán más difícil para defraudar.
Donald Trump y su Administración están poniendo en marcha diez acciones ejecutivas destinadas a restablecer la confianza en las elecciones estadounidenses, además de solicitar al Congreso que actúe con determinación en este tema crucial.
Más allá de las noticias manipuladas por algunos de los grandes medios, Trump es el primer presidente de la era moderna en ganar cada día con una plataforma basada en cambios profundos y necesarios, que lo colocan en la tradición de los grandes presidentes como Washington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt y Reagan. Su impulso a la integridad electoral en EE. UU es un revulsivo histórico a la democracia estadounidense.