Los medios y la prensa progresista llevan año y medio tratando de distorsionar la presidencia de Trump en cada una de sus acciones de gobierno. El punto central de esos ataques es la afirmación de que Trump está socavando el estado de derecho americano con sus políticas. Es una afirmación totalmente falsa. Lo que en realidad enfurece tanto a esos medios que desean dictar cómo debe ser la sociedad estadounidense y cómo debe pensar y comportarse, es que el presidente está fortaleciendo los controles y equilibrios constitucionales que fueron socavados de forma alarmante por la anterior administración de Barack Obama. Y lo cual sucedió ante el silencio cómplice de esa prensa vendida a los lobbies progresistas a los que poco importa la Constitución.
Las élites del establishment político y de los medios se muestran más preocupadas por el tono del discurso de Trump que por el abuso de poder del Estado Profundo y las cuestiones de fondo que realmente importan. Trump respeta profundamente la Constitución y las leyes, aunque a veces les parezca un bocazas y un bravucón. Obama desafiaba la Constitución e incluso la interpretaba a conveniencia de forma intolerable, pero su tono sonaba presidencial y convencía a los medios, que jamás aplicaron criterios de escrutinio e incluso justificaron y vitorearon muchos de sus abusos de poder porque alentaban causas progresistas que compartían. Les convenía hacerlo así porque les resultaba ideológicamente conveniente. Ahora, esos medios y élites pretenden que Trump se amolde a unas reglas que ni siquiera existen. Y les escuece el culo porque se ciñe a las leyes del Common Law, el Case Law y la Constitución como claros referentes.
La realidad es que el presidente Trump se comporta de una forma presidencial y constitucional más respetuosa que cualquier otro presidente en los últimos lustros y a mucha distancia de Obama. Así, por ejemplo, entrar en tratados internacionales sin contar con el Senado o crear subsidios fiscales sin el Congreso (tan habitual en Obama) son ese tipo de cosas que destruyen el estado de derecho y convierten la Constitución en papel mojado. En cambio, cuestionar a los subordinados en el Departamento de Justicia (como puede hace a veces Trump), está dentro del alcance de los poderes presidenciales. Nominar jueces que interpretan la Constitución y el Sentido Común de una manera que en nada tiene que ver con lo que plasmaron los Padres Fundadores y propiciando leyes que destruyen el tejido social y la economía (típico de Obama), contrasta notablemente con las nominaciones que realiza Trump de jueces constitucionales que saben interpretar el grueso de las leyes estadounidenses y de la Constitución. Trump va camino de apuntarse una victoria histórica al salvar el Tribunal Supremo con jueces conservadores. Su segunda nominación, tras Neil Gorsuch, para sustituir a Arthur Kennedy, marca un importante punto para salvaguardar la Constitución y el estado de derecho por décadas.
Y esto no se lo explican los medios al ciudadano corriente porque no encaja en su narrativa para imponer una ideología progresista a la sociedad.
Pese a las denuncias de los medios progres y sus tramas artificiales, Trump no ha cerrado una sola investigación sobre sí mismo o sobre cualquier persona en su administración o campaña, a pesar de que ya es una evidencia probada que el nombramiento de un fiscal especial se basó en información políticamente motivada por la oposición demócrata destinada a socavar a Trump. El respeto presidencial por los procesos jurídicos ha sido impecable por parte de Trump pese a que es pública y notoria la caza de brujas puesta en marcha por el Partido Demócrata y la prensa progre basándose en humo y conjeturas falsas. También lo ha sido en el caso de su veto migratorio, que finalmente ha sido legitimado por el Tribunal Supremo como parte inherente de sus poderes presidenciales. Es el último de sus éxitos jurídicos, pero no será el último.
El presidente Trump, desde un punto de vista legal y constitucional, ha mantenido un comportamiento que en nada afecta o perjudica al estado de derecho. En cambio, lo ha fortalecido frente a tratados internacionales que sí lo socavan. Que un presidente reclame privilegios no es un ataque al estado de derecho. Tampoco está quebrando la Constitución al rechazar una investigación (profundamente manipulada política y mediáticamente) sobre la inexistente colusión rusa. Nada en la Constitución estipula que deba postrarse frente a los fiscales, y mucho menos a los fiscales que se han alejado mucho de su cargo y funciones iniciales. Pese a que a algunos apoltronados y miembros del Estado Profundo les pese, la comunidad de inteligencia no es sagrada ni intocable. Los estadounidenses no tienen el deber patriótico de respetar al ex director de Inteligencia Nacional James Clapper o al ex director de la CIA John Brennan. O ya puestos a un ex presidente Obama que se ha demostrado inmerso en vastas conspiraciones políticas que han perjudicado los intereses de Estados Unidos. El presidente Trump es libre de acusarlos de partidismo y formar parte de una trama organizada encaminada a sabotear su presidencia, avalada con los votos de los estadounidenses y el voto electoral. Y hacerlo no es un ataque al estado de derecho en absoluto, como pretenden algunos críticos de tendencia progresista. Especialistas constitucionales sostienen que Trump es el presidente que con mayor rigor aplica la Constitución y el estado de derecho. Renovar la comunidad de inteligencia y de jueces también es competencia de sus poderes presidenciales, que está ejerciendo de forma impecable pese al obstruccionismo demócrata que raya en el sabotaje político.

Trump tampoco mina el estado de derecho cuando revoca los abusos unilaterales de la administración anterior en materia de inmigración y tratados falsos o que perjudican a Estados Unidos. De hecho, en muchos sentidos, Trump ha fortalecido los controles y equilibrios que se rompieron gracias a la retórica buenista y falsa del presidente Obama. La elección de Neil Gorsuch para el Tribunal Supremo, y del próximo nominado presidencial al alto tribunal, conseguirán frenar y recortar más el exceso de autoridad del estado que cualquier justicia que la izquierda pueda imponer mediante medidas artificiales en el sector bancario o financiero, por poner dos ejemplos típicos de las obsesiones de los demócratas.
Ante una prensa progre que cada día desinforma más, miente más y se convierte en puro espectáculo para pasar el rato, como reconoce la inmensa mayoría de los ciudadanos, hay que hacer pedagogía: Trump no destruye el imperio de la ley al ofrecer conmutaciones presidenciales y perdones (y tampoco lo estaría alterando, incluso si se perdonara a sí mismo, llegado el caso). La democracia americana tiene mecanismos maravillosos para limitar el poder presidencial de la mano del pueblo estadounidense eligiendo representantes para controlar la acción presidencial.
Trump respeta profundamente los principios constitucionales, que es la esencia del patriotismo estadounidense. Por esa vía ha resuelto algunos de los asuntos más controvertidos: reconstrucción de las Fuerzas Armadas, ayuda a los veteranos, rebaja fiscal, respeto a la cultura de la vida, y expansión de la ley y el orden. Y está en encamino de solucionar problemas que otros presidentes dejaron sin resolver echándole más cara que espalda: inmigración, acuerdos comerciales injustos, desnuclearización y seguridad fronteriza e internacional.
La acción presidencial de Trump ha sido y es la más constitucional y respetuosa con el estado de derecho americano desde hace muchos años. Y así lo afirman expertos constitucionalistas estadounidenses que no se dejan influenciar por la prensa y los sectores jurídicos progresistas que retuercen las palabras del presidente o de la Constitución a capricho para seguir manipulando a la opinión pública en sus narices.
La conclusión es clara y evidente: el presidente Trump está fortaleciendo la Constitución y el estado de derecho de una forma poderosa. Y esa es otra realidad y otra gran victoria de esta presidencia para la historia.