El presidente Trump, su gobierno, colaboradores y el país entero nos encontramos en un punto de inflexión histórico. El cierre de la economía a raíz de la crisis del COVID-19 nos ha conducido a este momento, en el que debemos reabrir el país y recuperar las libertades y derechos civiles que quedaron suspendidos por el estado de emergencia nacional que hemos vivido.
Frente a los gobiernos de tendencia socialista y comunista que aprovechan esta circunstancia para cercenar libertades y acaparar todo el poder, como vemos en China, Rusia, España y otros, en los Estados Unidos hemos tenido como gran valedor de las libertades civiles al presidente Trump, que no ha dudado en ponerse del lado de los manifestantes que reclaman que el país vuelva a reabrirse y regrese al trabajo, una vez que la crisis sanitaria ha sido controlada.
Este movimiento en defensa del regreso al trabajo, al que el propio Trump da aliento de forma acertada, nos hace recordar que este es un país cuyas raíces se hunden en la libertad y que los valores de la democracia y de una economía abierta están en la esencia del espíritu de Estados Unidos, de manera que han protagonizado los movimientos sociales y culturales más importantes de nuestra historia.
El panorama actual nos aboca a una pregunta cuya respuesta definirá el futuro que nos aguarda: ¿cuánta privacidad y libertades estamos dispuestos a perder los ciudadanos por un virus que cada vez representa un peligro menor para una amplia mayoría de la población? Es cierto que las medidas de distanciamiento social y las restricciones impuestas son buenas para frenar los brotes de enfermedades peligrosas, como el coronavirus, y la decisión más inteligente es implementarlas de la manera menos costosa posible. Sin embargo, muchos estados del país se han desviado de este camino hacia un autoritarismo alarmante. Sobre todo en los estados que tienen Gobernadores demócratas, como Nueva York, Maine y Michigan, en contraste con estados de Gobernadores republicanos, como Texas, Dakota del Sur, Georgia y Florida, que se han mostrado más respetuosos con las libertades civiles.
En la fase actual en que nos encontramos, con la crisis sanitaria controlada, no sólo necesitamos impulsar de nuevo la economía para ayudar a prosperar a empresas y trabajadores, sino que es imperativo recuperar las libertades sometidas hasta ahora. Es una batalla que ya se ha planteado por todo el país y por todo el mundo. La batalla de las libertades civiles. Y es una fase en la que necesitamos de toda la inteligencia y la moderación posible.
Las nuevas órdenes que van imponiendo los Gobernadores en el plan de reapertura no son siempre tan ágiles y enfocadas a recuperar estas libertades como desearía el presidente Trump y la mayoría de los ciudadanos. Algunos, como Mills en Maine, o Pedro Sánchez en España, tratan de utilizar la pandemia como excusa para restringir libertades, amordazar opiniones y maniatar la economía sin que la situación sanitaria respalde esas medidas draconianas.
Gobernadores como la Sra. Mills, Gretchen Whitmer de Michigan o alcaldes como Bill de Blasio en Nueva York han impuesto restricciones que en tiempos normales no hubiéramos aceptado jamás. Estos no son, por supuesto, tiempos normales, pero tampoco se deben prolongar de forma artificial y políticamente interesada. Todos vemos cómo algunos Gobernadores y presidentes en países extranjeros intentan establecer un control riguroso de la sociedad y la economía con la excusa de querer proteger la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, nunca mostraron esa inquietud anteriormente ante otros virus, la gripe misma que mata miles de personas cada año, o la lacra del aborto, que se lleva otras tantas.
Este es, pues, el momento adecuado de empezar a preocuparnos por los derechos civiles de estas órdenes de restricción y confinamiento porque es muy importante plantear el debate a nivel nacional y salir más fuertes de esta crisis y con nuestras libertades históricas intactas.
Las restricciones a las libertades civiles que han impuesto los gobernantes por la pandemia de COVID-19, plantean cuestiones de carácter legal, por ejemplo, si el gobierno puede impedir que los ciudadanos salgan de su casa, trabajen o abran su negocio, o por qué imponer restricciones en los horarios de las salidas y paseos, o en las actividades de ocio al aire libre.
Cuando se producen situaciones extrañas, en las que la policía o el ejército asumen actitudes autoritarias y de represión cuando los ciudadanos infringen las restricciones de distanciamiento social, o cuando un bañista toma el sol y se baña en el mar, o personas son arrestadas por manifestarse en contra de los cierres de la economía y el confinamiento, es evidente que nos encontramos ante algo más que salud pública y que entra en el terreno peligroso de la represión social y las libertades individuales.
El miedo al coronavirus ha amordazado a muchos ciudadanos, pero en Estados Unidos la corriente que exige el levantamiento de las restricciones más autoritarias es ya una realidad y debemos felicitarnos de que el presidente Trump apoye a esos ciudadanos que reclaman sus libertades.
El ejercicio del poder en esta situación actual también está retratando a los gobernantes cómo son y cómo actúan, si se exceden en sus atribuciones y si gobiernan realmente para los ciudadanos o para sí mismos y sus camarillas.
Trump ha demostrado y lo demuestra cada día que es un presidente que gobierna para el pueblo estadounidense, preocupado por la salud pública, sí, pero también por la salud económica y, más importante aún, por las libertades civiles de los ciudadanos, que jamás deben ser robadas ni pisoteadas bajo ninguna circunstancia.
Debemos estar vigilantes porque todavía no sabemos qué medidas serán necesarias aplicar en un futuro. Hoy, ya muchos ciudadanos están viendo que no pueden confiar en sus Gobernadores demócratas, sí en algunos Gobernadores republicanos, y sí también en el presidente Trump, que comparte con todos los trabajadores las mismas inquietudes y no alberga actitudes dictatoriales. En estos tiempos eso ya es un plus de garantía de sabiduría, moderación y liderazgo.
Hoy más que nunca debemos recordar las palabras del neurólogo y filósofo Viktor Frankl:
«Todo se puede tomar de un hombre, excepto una cosa: la última de las libertades humanas: elegir la actitud de uno en cualquier conjunto de circunstancias, elegir el propio camino».
Nos encontramos ante una guerra contra un enemigo invisible en forma de virus, pero eso no implica que debamos renunciar a nuestro sentido común, nuestras libertades tan duramente ganadas, y nuestra humanidad para convertirnos en dependientes de un Estado totalitario.
Debemos tener en cuenta que cualquier cosa a la que renunciemos ahora: el sentido común, el derecho a opinar libremente sobre la gestión de esta crisis, el derecho a nuestros movimientos en libertad, a trabajar dónde y cómo consideremos oportuno, a administrar nuestros asuntos sin la tutela del Estado, u otras libertades, serán arrancados de cuajo de nuestras vidas y no volverán fácilmente. Un Estado policial y un gobierno autoritario no cederán voluntariamente el poder a ciudadanos libres pese a que pase la crisis. La historia nos ha dado muchos ejemplos de esto y haríamos bien en ponernos en guardia. Como ciudadanos libres, debemos proteger nuestras libertades civiles desde ya mismo, sin ceder ni un ápice a los gobiernos que pretenden hacerse con más poder.

La excusa del “bien” y la “salud” de la población no pueden convertirse en una excusa permanente para la restricción de libertades y el control de la economía de mercado.
Una cosa es aplicar temporalmente el distanciamiento social para aplanar la curva del coronavirus para no desbordar los hospitales y salvaguardar a los más vulnerables. Pero no debemos cruzar la línea entre las sugerencias federales, estatales y locales para que los ciudadanos se queden en casa voluntariamente de la que separa de las órdenes de arresto domiciliario con fuertes sanciones por incumplimiento. Que otros países y gobiernos socialistas y comunistas con tendencias totalitarias crucen esa línea no es un ejemplo deseable a seguir.
Hasta ahora, no hemos saltado el punto de crisis de la Constitución: la ley marcial no se ha impuesto abiertamente en la nación, y es nuestra responsabilidad que no se aplique porque significaría cruzar hacia el totalitarismo total. Algo inaceptable para una sociedad como la estadounidense.
El gobierno tiene que mostrar un interés de la nación convincente antes de que pueda anular ciertos derechos esenciales como la libertad de expresión, reunión, prensa, búsqueda e incautación, libertad de movimientos, etc. La mayoría de las veces, carece de ese interés nacional convincente, pero con todo y eso se violan los derechos constitucionales. De ahí la importancia de que el presidente Trump se posicione del lado de los ciudadanos que defendemos las libertades civiles como un bastión inexpugnable. No hay ninguna excusa para someter esas libertades. Tampoco el coronavirus lo es. Las medidas de bloqueo sobre el derecho de las personas a reunirse pacíficamente, a viajar, a participar en el comercio, a trabajar, etc., sin duda restringen los derechos constitucionales fundamentales, que se pueden mantener durante un corto período de tiempo, pero no deben prolongarse por períodos más largos. No es legal ni constitucional. Y, además, tampoco hay razón objetiva para ello.
Por ejemplo, la Primera Enmienda garantiza «el derecho de las personas a reunirse pacíficamente». Si bien la libertad de viajar se ha reconocido específicamente sólo en el contexto de los viajes interestatales o internacionales, la libertad de movimiento es libertad implícita dado que los agentes del gobierno no pueden detenerse, interrogar o buscar personas a menos que tengan alguna justificación legal.
Como el juez del Tribunal Supremo William Douglas escribió una vez:
“El derecho a viajar es parte de la «libertad, de la cual el ciudadano no puede ser privado sin el debido proceso legal según la Quinta Enmienda. . . . “
La libertad de movimiento a través de las fronteras en cualquier dirección, y también dentro de las fronteras, es parte de nuestra herencia. Viajar al extranjero, como viajar dentro del país, puede ser necesario para ganarse la vida. Puede estar tan cerca del corazón del individuo como la elección de lo que come, usa o lee. La libertad de movimiento es básica en nuestro esquema de valores occidental. Al igual que las personas son libres de caminar en lugares públicos y no están obligadas a proporcionar a la policía su identidad o dar cuenta de su propósito para ejercer su libertad.
Sin embargo, respecto a los derechos constitucionales y libertades, las restricciones impuestas hasta ahora están permitidas bajo la Primera Enmienda si son necesarias para servir a un interés gubernamental convincente. Hace mucho tiempo, el Tribunal Supremo «reconoció claramente la autoridad de un estado para promulgar leyes de cuarentena y leyes de salud de toda descripción [.]». Estas leyes son un ejercicio del poder policial del estado, y si hay una base racional para creer que son necesarias para proteger la salud pública, se consideran que sirven a un interés gubernamental convincente.
Esto se hizo hace más de 100 años en circunstancias similares al brote de COVID-19, cuando hubo un brote de viruela en Cambridge, Massachusetts, invocando una ley estatal que permite a las localidades hacer que las vacunas sean obligatorias y exigibles mediante sanciones penales. Al defender la ley y el orden local contra un reclamo de que violaba la libertad constitucional de controlar el propio cuerpo y la salud, la Corte Suprema declaró:
«La posesión y el disfrute de todos los derechos están sujetos a las condiciones razonables que la autoridad gobernante del país considere esenciales para la seguridad, la salud, la paz, el buen orden y la moral de la comunidad. Incluso la libertad en sí, el mayor de todos los derechos, no es una licencia sin restricciones para actuar de acuerdo con la propia voluntad”.
Así, cuando los gobiernos actúan bajo un poder policial para controlar plagas y epidemias, esas leyes son válidas a pesar de que pueden restringir a las personas en el ejercicio de los derechos constitucionales. Como señaló recientemente un experto en derecho, el equilibrio entre los derechos individuales y la protección del público «supone que habrá momentos en que haya emergencias realmente convincentes que justifiquen medidas severas. Una pandemia global que se extiende incluso entre aquellos que son asintomáticos y podrían exceder la capacidad del sistema de salud estadounidense, parece ser una situación tan apremiante».
Por el momento, el gobierno cree que tiene un interés convincente, aunque temporal, en restringir las reuniones, asambleas y movimientos en público para minimizar la propagación de este virus. El punto clave es este: si bien podemos tolerar estas restricciones a nuestras libertades a corto plazo, nunca debemos dejar de estar en guardia para que estas restricciones no se conviertan en una pendiente resbaladiza hacia un gobierno totalitario y una mentalidad de bloqueo total.
Este es el momento de luchar por nuestras libertades civiles y recuperarlas de nuevo con la reapertura segura del país y la economía. El presidente Trump garantiza que este proceso se haga con transparencia y correctamente.