Las evidencias que estamos conociendo en Estados Unidos cada día prueban que las parodias de juicios penales contra Trump, y la falsa narrativa creada por la Administración Biden y sus medios aliados, fueron coordinados y programados para coincidir en las salas de los tribunales justo durante la temporada de campaña electoral de 2024. El objetivo de intentar sacar a Trump de escena, de desprestigiarlo y perjudicarlo se hace evidente. El sesgo ideológico de izquierda y anti Trump de los fiscales Alvin Bragg, Letitia James, Jack Smith y Fani Willis, no deja lugar a dudas de sus intenciones, que están destinadas a amordazar y destruir a Trump psicológica, física y políticamente. No son más que la continuación de años de esfuerzos para neutralizarlo y evitar que sea presidente.
Hemos llegado a un punto en el que los ciudadanos estamos cansados de estos ataques sin base alguna contra Trump y también contra las normas constitucionales. No olvidamos las tretas con el expediente Steele, financiado por Hillary Clinton; la inexistente campaña rusa de desinformación sobre el portátil de Hunter Biden; los dos impeachments sin informes de abogados especiales; el juicio político en el Senado de un ciudadano privado; el esfuerzo por eliminar el nombre de Trump de las papeletas de voto estatales; el actual intento de eliminar el Colegio Electoral; los cambios en las leyes electorales estatales para garantizar el voto masivo (y fraudulento) por correo; los actuales juicios por los documentos desclasificados, etc.
Ahora, ha quedado expuesta la coordinación entre el personal de la Administración Biden y los fiscales, algo sospechado desde hace tiempo y negado por la izquierda. Ahora sabemos que Biden, por ejemplo, se quejó ante sus asesores de la tardanza del fiscal general Merrick Garland en nombrar al fiscal federal especial Jack Smith, y así garantizar que Trump fuera condenado antes de las elecciones. Por otra parte, Nathan Wade, el ahora despedido fiscal de la pareja de Fani Willis, visitó y consultó con la oficina del abogado de la Casa Blanca cuando supuestamente actuaba como un fiscal de condado local. El comité del Congreso del 6 de enero, dominado por la izquierda demócrata, consultó con la Administración Biden para enviar sus referencias penales sobre el inexistente papel de Trump en las protestas. Y para controlar su acusación contra Trump, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, contrató al funcionario del Departamento de Justicia de Biden, Vincent Colangio. Además, las acusaciones penales de los fiscales y la demanda civil de E. Jean Carroll se pusieron en marcha exclusivamente cuando Donald Trump se postuló para la reelección.
El regreso apoteósico de Trump ha aterrorizado a los demócratas, conscientes de que no podrán ganar limpiamente las elecciones. Este regreso a la escena política provocó las acusaciones y demandas, que no se hubieran puesto en marcha de no presentarse Trump a las elecciones. Si Trump no fuese un destacado candidato presidencial que va primero en las encuestas en la intención de voto, nunca habría sido acusado ante los tribunales.
Debemos destacar también el hecho de que la mayoría de las acusaciones no tienen precedentes en el derecho penal y probablemente nunca se volverán a utilizar, al menos contra los demócratas. De hecho, muchas de las órdenes judiciales se basaron en la manipulación de los plazos de prescripción. Ni Bragg ni ningún otro fiscal local habían transformado previamente un delito menor supuestamente de declaración jurada local en una supuesta violación del financiamiento de campaña federal, una táctica tan absurda que los abogados federales la han pasado por alto y ni la contemplan aplicar. Letitia James fue la primera Fiscal General de Nueva York en acusar a un residente del estado por el supuesto delito de sobrevaluar bienes inmuebles para obtener un préstamo, que fue reembolsado en tiempo y forma, en beneficio de las instituciones crediticias. Ningún banco, después de auditar los activos de Trump y su viabilidad para pagar los préstamos, estuvo descontento con prestarle. En cambio, todos estaban felices de beneficiarse del alto interés y, probablemente, estarían felices de volver a prestarle dinero. Letitia James quiso convertir a Trump en un criminal sin encontrar nunca un delito, y mucho menos una víctima. Tampoco, hasta la poco ética carrera de Fani Willis, ningún fiscal local había acusado jamás a un ex presidente por una llamada telefónica supuestamente inapropiada en la que cuestionaba (y con razón) si todos los votos del estado habían sido contados en su totalidad.
En cuanto al caso de Alvin Bragg, era inexistente dado el plazo de prescripción de supuestos delitos menores cometidos más de seis años antes, hasta que Bragg transformó las acusaciones de delitos menores en delitos graves y, con ellas, prórrogas concedidas supuestamente debido a los cierres de COVID. En el caso de Carroll, sus acusaciones infundadas de agresión sexual también habían prescrito con creces hasta que un legislador de izquierda de Nueva York que odiaba a Trump aprobó una ley especial, un verdadero proyecto de ley dirigido contra Trump, que renunciaba al plazo de prescripción durante un año en casos de acusaciones de agresión sexual pasada en el estado de Nueva York.

En resumen, todas las acusaciones y demandas contra Trump han tenido lugar en ciudades, condados o estados controlados por los demócratas. También la mayoría de los jurados en Nueva York, Atlanta o Miami, o cerca de estas ciudades, son o serán demócratas y radicales de izquierda que odian a Trump.
En cuanto a los jueces, hasta ahora, los de Nueva York que han supervisado los juicios civiles y penales de Trump (los jueces Engoron, Kaplan y Merchan), eran todos izquierditas, nombrados por políticos demócratas, y algunos han donado a causas demócratas y a Biden. Ninguno tuvo reparos en expresar desdén por Trump y nunca se permitieron cambios de sede para estos juicios amañados. Todos los fiscales, Bragg, James, Smith y Willis, también son demócratas o están asociados con causas izquierdistas. En el caso de Bragg, James y Willis, los tres se postularon para cargos públicos y recaudaron dinero con promesas de encausar a Donald Trump a cualquier precio. Los tres han sentado el triste precedente de que los fiscales locales y estatales pueden tergiversar la ley y utilizarla para perseguir a un ex presidente y principal candidato presidencial del partido opuesto con fines puramente políticos.
La demanda por difamación de E. Jean Carroll fue la más ridícula de todos los dramas judiciales que estamos viendo, pero su esquema y protocolos podrían haberse aplicado con la misma facilidad a Tara Reade, que acusa a Joe Biden de haberla agredido sexualmente años antes. La diferencia entre ambos casos es que, mientras que los medios se enfocaron en Carroll como una útil herramienta para destrozar a Trump, en cambio, demonizaron a Reade como una loca y mentirosa y apenas ha tenido cobertura informativa.
Alvin Bragg tuvo que retorcer la ley para fabricar una acusación federal por financiación de campaña contra Trump. Hillary Clinton violó los estatutos federales de campaña (y fue multada varias veces) cuando intentó ocultar sus pagos por “investigación de la oposición” a Christopher Steele como “gastos legales” cuando en realidad Steele fue contratado y pagado para inventar un expediente falso anti-Trump.
En el caso de Jack Smith, su fiscal especial, Robert Hur, encontró que Joe Biden había retirado ilegalmente archivos clasificados durante mucho más tiempo que Trump (más de 30 años), en una ubicación mucho menos segura (su abandonado garaje), y sin la autoridad del presidente para desclasificar sus documentos. Además, había revelado su contenido a su escritor fantasma, quien destruyó pruebas. Sin embargo, a diferencia de Trump, Biden no fue acusado, y Hur afirmó que Biden, en su opinión, era tan viejo y amnésico que podría ganarse la simpatía de un jurado en lugar de una condena. El doble rasero en su máxima expresión.
Fani Willis acusó a Trump de supuestamente tratar de presionar a los funcionarios para que «encontraran» las papeletas de voto a Trump que faltaban de contabilizar, supuestamente violando los estatutos de «extorsión», mientras supervisaba un intento de encontrar esos votos. También en Georgia Stacy Abrams, después de perder la carrera para gobernadora de 2018, afirmó que en realidad había ganado, a pesar de perder por más de 50.000 votos. Presentó una demanda para anular las elecciones y luego hizo una carrera política recorriendo el país, afirmando falsamente que ella era la verdadera gobernadora y que su oponente victorioso era un gobernador ilegítimo. En 2016, organizaciones de izquierda, diversas celebridades y miles de agentes políticos intentaron anular la victoria de Trump apelando a los electores para que renunciaran a los recuentos de votos populares de sus estados y así convertirse en “electores infieles”.
En suma, hubo una verdadera coordinación entre varios grupos con el fin de anular los deberes constitucionales de los electores y continuaron negando que Trump fuera el presidente legítimamente elegido.
El número de demandas y acusaciones contra Trump ha ido creciendo a medida que crecen sus posibilidades de ganar de nuevo la presidencia. Fueron diseñadas para este año electoral de 2024 para descarrilar la candidatura de Trump y seguramente jamás volverán a utilizarse contra ningún candidato demócrata, si llegara el caso. Todos estos casos judicializados son ridículos y están haciendo un enorme daño a la democracia, al estado de derecho y a la justicia igualitaria ante la ley.
Lo que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos, la amenaza al orden constitucional, está pasando ante nuestros ojos. Sólo Trump y sus votantes podemos derrotar estos nuevos intentos de fraude, vía judicial y persecución política, y lo haremos el próximo noviembre.